Más de 20 representantes de iglesias evangélicas de Nicaragua se aglomeraron en las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) para enfrentar una situación alarmante: el pago de multas arbitrarias de más de 20 mil córdobas, según lo informó el medio 100% Noticias. Los afectados afirman que estas multas carecen de fundamento legal y parecen ser una táctica más en la ola de represión contra las voces disidentes en el país. Funcionarios del Ministerio del Interior les informarán que, de no pagar las multas, sus iglesias quedarán cerradas y sus bienes confiscados.
