La respuesta de la Guardia Nacional fue violenta, dispersando a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. En ciudades como La Guaira, Falcón y Guárico, se registró la destrucción de estatuas de Hugo Chávez, un símbolo del régimen. Las imágenes de estos actos se volvieron virales, reflejando el descontento generalizado hacia el gobierno de Maduro. En medio de esta crisis, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como presidente electo para el período 2025-2031, a pesar de las acusaciones de fraude electoral. La líder opositora María Corina Machado afirmó contar con pruebas que respaldan su denuncia, proyectando una victoria de Edmundo González Urrutia por 6,27 millones de votos frente a 2,75 millones de Maduro. Estados Unidos, Brasil y Colombia exigieron mayor transparencia en el proceso electoral de Venezuela, que actualmente otorga a Maduro un tercer mandato. La OEA convocó una reunión extraordinaria para evaluar los resultados, mientras que la Unión Europea, Francia y España pidieron claridad en el proceso electoral. La cancillería venezolana, ante las críticas internacionales, expulsó a diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, considerándolos injerencistas.
