El gobierno de Nicaragua ha cerrado otras 1.500 organizaciones sin fines de lucro, incluidos cientos de grupos religiosos evangélicos. Se les acusa de no revelar estados financieros, pero los opositores dicen que es parte de una ofensiva contra grupos que no están aliados con el gobierno. Se trata de la última medida del régimen nicaragüense del presidente Daniel Ortega para consolidar su control sobre el país. Según se informa, la vicepresidenta Rosario Murillo y la ministra del Interior María Amelia Coronel están directamente implicadas en la actual represión. El gobierno no sólo está cerrando las organizaciones sin fines de lucro, sino que también está confiscando sus bienes para el Estado. Vatican News informa: “La Procuraduría General de la República será ahora responsable de transferir los bienes muebles e inmuebles en nombre del Estado de Nicaragua”.
